En un movimiento que ha encendido las alertas sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado, el Congreso de Veracruz sesionará esta noche para votar la polémica reforma que permitiría remover de manera expedita a la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, y redefinir por completo el papel del Ministerio Público en la entidad.
La iniciativa, impulsada principalmente por legisladores de MORENA, reduce el periodo del Fiscal de 9 a 4 años, establece evaluaciones para su posible ratificación y —lo más crítico— otorga al Ejecutivo estatal la facultad de solicitar su destitución por “causas graves”, con un Congreso que tendría apenas cinco días hábiles para objetar. Si no lo hace, la remoción se consideraría aprobada automáticamente.
Autonomía en riesgo
Analistas y organizaciones han advertido que este rediseño del modelo institucional coloca al Fiscal en una posición de dependencia política directa del Ejecutivo, debilitando uno de los pocos contrapesos formales que existen en la estructura pública de Veracruz.
Y es que no se trata solo de cambiar la duración del cargo. El dictamen también establece que:
* El Ejecutivo enviará la terna para elegir Fiscal.
* El Congreso tendrá solo cinco días para aprobarla; si no responde, queda aprobada por “afirmativa ficta”.
* El Ejecutivo también podrá iniciar la remoción del Fiscal, con el mismo mecanismo de silencio legislativo.
En otras palabras: si el Congreso no se pronuncia a tiempo, el Gobierno estatal decide.
Una reforma hecha a la medida
En la práctica, la reforma permitiría remover a la Fiscal actual y abrir paso a un nuevo nombramiento bajo reglas más flexibles para el Ejecutivo. El contexto no es menor: Verónica Hernández Giadáns ha sido señalada por presunto bajo desempeño y por la falta de avances en recomendaciones de organismos de derechos humanos. No obstante, críticos cuestionan que, más allá de evaluaciones reales, la intención pareciera ser reconfigurar el control político de la procuración de justicia.
La reforma modifica al menos tres artículos constitucionales —33, 49 y 67— y afianza un modelo en el que la Fiscalía ya no tendría el blindaje de autonomía que justificaba su periodo extendido de nueve años.
Precedente peligroso
Veracruz ya vivió un conflicto similar cuando una reforma buscó remover al entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz. Aquella vez, un juez otorgó un amparo que frenó temporalmente su salida. Hoy, con una Ley Orgánica modificada y mayorías legislativas alineadas, el escenario es distinto: el Congreso puede allanar el camino para que la cabeza de la Fiscalía cambie tan pronto como se aprueben estos ajustes.
Una votación que marcará el rumbo de la justicia en Veracruz
De aprobarse, Veracruz sería uno de los estados donde el Fiscal tiene menor protección institucional frente al poder político. Para algunos legisladores, esto significa “mayor capacidad de rendición de cuentas”; para otros, la instauración de un Fiscal de bolsillo.
En cualquier caso, lo que suceda esta noche en el Congreso definirá no solo el futuro de la actual Fiscal, sino el equilibrio —o desequilibrio— entre poderes en el estado.