La olla exprés que por meses estuvo silenciada en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) finalmente tronó… y tronó en Palacio.
La gobernadora Rocío Nahle García confirmó este martes que ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por el saqueo de cuentas, la desaparición de recursos, el borrado de servidores, la manipulación de matrículas, la desaparición de pagos de alumnos y la eliminación de nóminas de maestros solidarios. Todo un atentado administrativo y financiero contra la institución que educa a miles de veracruzanos.
Pero lo más fuerte no fue la denuncia… sino el mensaje entre líneas:
“Quienes se llevaron el dinero lo tendrán que devolver”, dijo.
Y es ahí donde más de uno deberá empezar a temblar.
Que tiemblen los que metieron mano
Porque sí: en los pasillos, en oficinas y en chats internos ya se mencionan nombres, “coincidencias” y movimientos que apuntan a un grupo muy específico de funcionarios de la UPAV y de la SEV que, justo tras el nombramiento del nuevo rector, operaron un vaciado exprés de cuentas y datos antes de abandonar el barco.
Se habla —y fuerte— de perfiles ligados a direcciones administrativas, jurídicas y de tecnologías que habrían tenido acceso privilegiado a claves, servidores y fondos.
El golpe fue quirúrgico: dinero fuera, archivos borrados, huellas eliminadas.
No fue descuido.
No fue “error del sistema”.
Fue una operación premeditada.
Y ahora, con la denuncia presentada, todos esos nombres que han circulado en corto están a un paso de quedar bajo la lupa judicial.
No bastará un “devuelvan lo robado”
La gobernadora prometió pagar a los maestros afectados —y es urgente—, pero esto no puede quedarse solo en recuperar dinero.
Porque borrar matrículas, manipular calificaciones, silenciar adeudos, desaparecer datos y desfalcar cuentas son delitos, no travesuras administrativas.
Y si se confirma que funcionarios públicos actuaron en conjunto para saquear la UPAV, entonces el castigo debe ser ejemplar.
No palmaditas.
No retiros “dignos”.
No reubicaciones.
No perdones disfrazados de “reorganización interna”.
Si hubo saqueo, debe haber cárcel.
Todo lo demás sería avalar la impunidad.
El mensaje político: “Aquí no se cubre a nadie”
Con esta denuncia, Nahle envía un mensaje clarísimo:
el caso UPAV no se va a archivar ni se quedará en discursos.
Y si en la SEV o en la propia UPAV creían que podían apagar el incendio desde adentro, hoy la gobernadora dejó claro que el proceso será en Fiscalía, no en escritorios acomodados.
Ahora falta lo más importante:
que la Fiscalía avance, transparente y actúe.
Y que los responsables —los verdaderos— enfrenten la ley.
Porque lo que pasó en la UPAV no es un chisme político:
es daño patrimonial al estado, fraude educativo, afectación a estudiantes, y adeudos a maestros que llevan meses sobreviviendo sin pago.
¿Y ahora qué sigue?
Los maestros exigen justicia.
Los alumnos exigen claridad.
La sociedad exige castigo.
Lo que hizo la gobernadora fue encender la mecha…
Ahora le toca a la Fiscalía hacer que el estruendo alcance a quienes pensaron que podían huir limpiamente.
Porque, después de este movimiento,
si participaron en el saqueo, que tiemblen… porque ya no hay vuelta atrás.