La Auditoría Superior de la Federación (ASF) volvió a poner los reflectores sobre Veracruz, y no precisamente por buenas razones. En su revisión de la Cuenta Pública 2024, el estado encabezó la lista nacional de recursos “pendientes por aclarar”, es decir, dinero que no se ha comprobado su correcto uso o destino, y que podría representar un posible daño a la Hacienda Pública.
De acuerdo con los informes oficiales, Veracruz no pudo justificar más de 1,115 millones de pesos del gasto federalizado, superando a entidades como Chiapas y Oaxaca. Estos fondos pertenecían principalmente a programas de salud y educación, entre ellos el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), donde se detectaron pagos indebidos, recursos sin comprobar y dinero que simplemente no se sabe en qué se usó.
Durante ese periodo, el gobernador era Cuitláhuac García Jiménez, y según los documentos revisados, bajo su administración se emitieron diversos pliegos de observaciones por parte de la ASF. En algunos casos, los montos van desde un millón hasta casi cien millones de pesos por irregularidades en la aplicación de fondos públicos.
A pesar de los señalamientos, hasta el momento no se ha aclarado ni devuelto el dinero faltante. Los informes de la ASF dejan claro que las observaciones siguen “pendientes de solventar”, lo que significa que Veracruz deberá demostrar cómo y en qué se gastaron esos recursos federales.
En otras palabras, mientras la ASF exhibe las cifras y los números crecen, el silencio y la falta de resultados concretos también se acumulan.
Porque en Veracruz, al menos en materia de transparencia, parece que aún hay mucho por aclarar… y demasiado que devolver.